En Colombia, el 90% de los usuarios instalados en zonas francas son pequeñas y medianas empresas. Esto demuestra que el régimen franco ya es un espacio donde proyectos y compañías de menor tamaño han encontrado oportunidades de crecimiento, encadenamientos productivos y acceso a mercados.
En línea con esta realidad, el Gobierno propone dar un paso más: abrir la puerta del régimen a los actores de la economía popular mediante una modificación al Decreto 2147 de 2016.
El proyecto de norma, publicado el 22 de julio, recoge una definición de “economía popular” que abarca desde actividades informales hasta microempresas de todos los sectores. Esta amplitud busca ser incluyente, pero también plantea un reto: sin criterios concretos – como tamaño, formalización, ingresos, actividad o sector – será complejo identificar con precisión quiénes son los beneficiarios idóneos y cómo medir el impacto real en términos de empleabilidad y productividad.
La ausencia de estos parámetros dificultaría, incluso, que la autoridad cuente con herramientas claras para verificar la acreditación de los compromisos o beneficios, generando el riesgo de dispersar los esfuerzos y el impacto esperado.
Otro aspecto clave es la obligatoriedad de algunas disposiciones, ya que se establece que los usuarios de zona franca deberán vincular actores de la economía popular y destinarles un porcentaje mínimo de los empleos generados. De esto, surgen dos observaciones:
- En la práctica, no siempre existen proveedores o perfiles que se ajusten a las necesidades de cada empresa. En algunos casos esta medida sería imposible de cumplir, toda vez que requieren personal altamente calificado y especializado, por ejemplo, en los proyectos costa afuera. En lugar de imponerlo, podría plantearse como un incentivo no tributario para quienes promuevan encadenamientos productivos.
- Si se mantiene la obligatoriedad de las medidas, deberá aplicarse a proyectos que se declaren o instalen después de la entrada en vigencia de la nueva norma. Esto en virtud de la seguridad jurídica de quienes ya operan bajo el régimen.
Ahora, como propuesta para integrar a la economía popular, se pueden plantear figuras más flexibles, pero que a su vez permitan mantener la estructura y rigurosidad del régimen.
Por ejemplo, es válido plantear la figura de un “usuario industrial sombrilla”, que permitiera que personas y unidades económicas de baja escala -como lo señala la propuesta normativa- operaran bajo su respaldo patrimonial y operativo. De esta forma se garantizaría el cumplimiento normativo y la conservación de beneficios, manteniendo a las zonas francas como un instrumento de confianza para inversionistas y autoridades, y facilitando la trazabilidad y el control sobre los nuevos actores.
También se podría fortalecer la figura del procesamiento parcial y el perfeccionamiento pasivo con la economía popular, por ejemplo, para procesos de manufactura. Para ello, sería clave trabajar con la DIAN simplificando procesos y eliminando requisitos, que pudieran generar barreras a estos actores.
Así las cosas, para lograr una vinculación efectiva de la economía popular al régimen franco y, con ello, contribuir a la formalización productiva del país, es indispensable definir con precisión su alcance, así como establecer estructuras e incentivos compatibles con el mecanismo.
Si ese objetivo se alcanza, las zonas francas seguirán consolidándose como un instrumento inclusivo, generador de desarrollo y oportunidades para el país.
Consultorio para Asuntos Legales de Nathalia Sáchica, abogada senior de Derecho Aduanero y Cambiario
Fuente: Integración de la economía popular al régimen franco | Asuntos Legales
