Explican que la denuncia al tratado comercial con Israel y renegociar los acuerdos con Washington son procesos distintos, con implicaciones jurídicas y económicas.
Ante el anuncio del presidente Gustavo Petro de terminar el tratado de libre comercio (TLC) con Israel y reformar el acuerdo vigente con Estados Unidos, el Ministerio de Comercio confirmó que ya adelanta la denuncia del primero mediante nota diplomática, mientras que las conversaciones con Washington se mantienen bajo estricta confidencialidad.
Ante las afirmaciones del Presidente, gremios y expertos señalaron que la terminación de un tratado no puede ser inmediata ni discrecional. Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), sostuvo que el jefe de Estado no puede “dar por terminado” un TLC por sí solo.
“La regulación actual señala que esta solicitud tiene que pasar por el Congreso para contar con su aprobación. Si el Congreso llega a tomar el camino que quiere el presidente Petro, los TLC cuentan con una vigencia adicional de seis meses luego de su finalización”, argumentó.
De acuerdo con Díaz, si el Legislativo avalara la denuncia, el acuerdo con Israel seguiría vigente casi todo el tiempo que le queda a la actual administración, que finaliza el 7 de agosto de 2026.
El TLC entre Colombia e Israel está vigente desde el 11 de agosto de 2020. Aunque fue firmado en 2013 y aprobado por el Congreso en 2017, su ratificación final se retrasó por la pandemia. Según cifras oficiales, entre enero y julio de 2025 las exportaciones colombianas a Israel sumaron 102,2 millones de dólares, una caída del 49 % frente al mismo periodo de 2024.
Para el caso del TLC con Estados Unidos, Díaz recordó que cualquier modificación de fondo exige la aprobación del Congreso colombiano y la participación del Legislativo estadounidense.
María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), enfatizó que todo tratado comercial puede ser revisado y ajustado, pero dentro de sus propios mecanismos institucionales. Además, alertó que un cambio abrupto podría generar incertidumbre para las empresas y afectar la competitividad de Colombia en su principal mercado.
Expertos consultados señalan que es clave diferenciar dos escenarios jurídicos: la renegociación y la denuncia de un tratado. Martín Ibarra, presidente de Araújo Ibarra Consultores en Negocios Internacionales, explicó que “el acto de denuncia de un tratado, así como su aprobación o rechazo, son actos públicos”. Sin embargo, enfatizó que la renegociación requiere procesos diplomáticos complejos y la participación del Congreso.
“Una cosa es la renegociación, que debe surtir trámites internos y, en el caso de Estados Unidos, pasa por la autorización del Congreso norteamericano para abrir el fast track, y otra muy distinta es la denuncia, que es un derecho unilateral previsto en el tratado y que se concreta con una notificación diplomática”, explicó.
Ibarra añadió que la cláusula de terminación con Estados Unidos establece que cualquiera de las partes puede poner fin al acuerdo con una notificación escrita que surte efecto seis meses después de su entrega.
Por su parte, el exministro de Comercio José Manuel Restrepo advirtió que una denuncia del TLC con Estados Unidos tendría profundas implicaciones económicas, pues “ese tratado es el más importante que tiene Colombia; responde por cerca de un tercio de nuestras exportaciones y genera aproximadamente 500.000 empleos directos en sectores como flores, café y banano”.
“Una cosa es renegociación, que debe surtir trámites internos y, en el caso de Estados Unidos, pasa por la autorización del Congreso norteamericano para abrir el ‘fast track’, y otra muy distinta es la denuncia”.
— Martín Ibarra, Presidente de Araújo Ibarra Consultores en Negocios Internacionales
Nota: Este contenido fue publicado originalmente en El Tiempo versión impresa el 1ro de octubre de 2025.
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