La reforma propone la elección popular de los jueces, lo que muchos consideran una amenaza a la independencia judicial y al sistema de pesos y contrapesos.

El Senado de México aprobó una polémica reforma judicial propuesta por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha provocado protestas y disturbios en la capital del país.

La reforma, impulsada por López Obrador y apoyada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, busca combatir la corrupción en el sistema judicial. Sin embargo, ha sido ampliamente criticada tanto en México como en Estados Unidos, donde existe temor de que pueda desestabilizar las relaciones comerciales dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La reforma ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados la semana anterior, en medio de manifestaciones que obligaron a los legisladores a sesionar en un complejo deportivo. Para entrar en vigor, la medida aún debe ser ratificada por una cantidad determinada de congresos estatales.

Los críticos, tanto en México como en Estados Unidos, advierten que la reforma podría poner en riesgo la estabilidad del T-MEC, especialmente de cara a la revisión prevista para 2026. Legisladores estadounidenses han expresado su preocupación de que los cambios en el sistema judicial mexicano puedan violar compromisos asumidos por México en el tratado, lo que podría dar lugar a disputas comerciales entre los tres países

La elección popular de los jueces genera incertidumbre entre los inversionistas extranjeros, quienes dependen de un sistema judicial imparcial y predecible para la resolución justa de disputas comerciales. La reforma podría afectar la confianza en la consistencia de los fallos judiciales en México, poniendo en riesgo futuras inversiones.

Además, se teme que la reforma impacte a organismos regulatorios clave como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), fundamentales para mantener los estándares laborales, ambientales y comerciales bajo el T-MEC. Las implicaciones de esta reforma superan la política interna de México y podrían tener repercusiones significativas en la competitividad económica de América del Norte frente a competidores globales como China.

Analistas subrayan la importancia de mantener la estabilidad judicial y regulatoria en México para preservar la integración económica de la región y evitar la generación de obstáculos que perjudiquen a los tres países firmantes del T-MEC.