La ley, aprobada en 2023 por la mayoría de los Estados miembros y del Parlamento Europeo, tenía previsto entrar en vigor en diciembre de 2024. Sin embargo, la decisión de aplazar su implementación responde a la presión de sectores conservadores, tanto dentro como fuera de la UE. Países productores como Brasil, México, Nigeria e Indonesia habían manifestado su rechazo, argumentando que la normativa afectaba desproporcionadamente a los pequeños productores y no respetaba las legislaciones nacionales.

La reciente decisión de la Comisión Europea de postergar por un año la entrada en vigor de la ley contra la deforestación ha generado inquietud entre ambientalistas, legisladores y expertos en políticas climáticas. Esta normativa, que buscaba frenar la entrada al mercado europeo de productos como madera, café y cacao provenientes de tierras deforestadas, especialmente en zonas críticas como la Amazonía, ha sido vista como un paso atrás en la agenda verde de la Unión Europea.

También países como Estados Unidos, Australia y miembros influyentes de la Unión, como Alemania, apoyaron el aplazamiento.

Este retraso en la legislación ha sido percibido como una señal preocupante de retroceso en el compromiso ambiental europeo. Críticos como Anaïs Berthie, de ClientEarth, han señalado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha cedido a presiones industriales y políticas, debilitando los compromisos ambientales que la UE había asumido en la lucha contra el cambio climático.

La postergación de esta ley se suma a otras medidas que han debilitado la agenda verde europea, como la flexibilización de los requisitos ambientales en la Política Agrícola Común (PAC) y la demora en la aprobación de la ley de biodiversidad. Además, la reducción de la protección de especies como el lobo ha sido otro golpe a las políticas ambientales. Estos cambios han generado la percepción de que la prioridad ambiental ha sido desplazada por intereses políticos y económicos.

Al inicio de su mandato, Von der Leyen había situado el Pacto Verde Europeo como uno de los pilares de su administración, pero en los últimos meses el enfoque ha cambiado hacia la competitividad industrial de la UE. En lugar de una “transición verde”, ahora se habla de una “transición limpia y justa”, lo que ha generado desconfianza en algunos sectores que temen que estos cambios reflejen una dilución de los compromisos ambientales.

A pesar del nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, el foco parece haber cambiado hacia la adaptación de la industria europea a la competencia global. Las críticas apuntan a que el medio ambiente ha pasado a un segundo plano, con menos prioridad en la agenda oficial.

El aplazamiento de la ley contra la deforestación también refleja un cambio en el equilibrio político en Europa, donde el ascenso de la ultraderecha y partidos populistas ha dificultado la implementación de políticas climáticas. Estos partidos critican la agenda verde por su impacto económico, y la creciente representación de gobiernos de derecha en el Consejo Europeo ha enfriado el entusiasmo por la ambición ambiental.

El contexto global tampoco favorece la agenda climática. Las guerras en Ucrania, Gaza y Líbano, junto con el aumento del coste de vida en Europa, han alimentado el crecimiento de populismos que culpan a las políticas verdes de los problemas económicos. Mientras tanto, los costos estimados para cumplir los objetivos climáticos de la UE, que ascienden a 620.000 millones de euros adicionales cada año hasta 2030, representan una carga significativa en un momento de creciente incertidumbre económica.

En este escenario, el futuro de las políticas ambientales de la Unión Europea parece incierto. Aunque el Pacto Verde sigue siendo parte de la agenda oficial, la creciente influencia de partidos conservadores y populistas en las instituciones europeas plantea dudas sobre el cumplimiento de otros compromisos, como la prohibición de la venta de vehículos de combustión a partir de 2035.

El aplazamiento de la ley contra la deforestación marca un momento crítico para la agenda verde europea. La presión política y económica pone en duda la capacidad de la UE para seguir liderando la lucha contra el cambio climático, generando incertidumbre sobre el futuro de sus políticas en un entorno cada vez más conservador y desafiante.