Un panel de tres jueces en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal rechazó esta semana una impugnación en contra del estatuto nacional que el presidente Trump ha utilizado para imponer restricciones a las importaciones de acero.
El caso, iniciado por el Instituto Americano para el Acero Internacional en junio de 2018, se centró en determinar si la delegación de poder, bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, era constitucional. El Instituto argumentó que el Congreso no puede delegar sus poderes legislativos a las agencias federales sin dar una “guía clara” sobre la cual basar sus acciones, una idea conocida como la «doctrina de la no delegación».
Trump impuso en marzo de 2018, por medio de la Sección 232, aranceles a algunas importaciones de acero y aluminio después de que el Departamento de Comercio los declarara amenazas a la seguridad nacional.
El Tribunal de Apelaciones recibió el caso en agosto pasado, después de que la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos dictaminara en marzo de 2019 que un caso de la década de 1970, en el que la empresa Algonquin SNG impugnó sin éxito la imposición de tasas sobre las importaciones de productos derivados del petróleo, sirvió como precedente.
Después de escuchar los argumentos el mes pasado en Washington, el Tribunal de Apelaciones decidió respaldar la determinación de la Corte de Comercio Internacional, argumentando que la controversia había sido resuelta por la Corte Suprema en su decisión en el caso Algonquin.
«El fallo de la Corte Suprema, en el caso Algonquin, responde al asunto de la constitucionalidad de la sección 232 presentada aquí», se lee en el fallo. «El rechazo de la Corte Suprema a la impugnación de la doctrina de no delegación de la sección 232 fue un paso necesario de la Corte para finalmente interpretar el estatuto tal y como lo hizo, y el fallo constitucional es, por lo tanto, un precedente vinculante” añade.
“Además, la justificación del rechazo de la Corte a la impugnación de la doctrina de la no delegación se basa en la determinación de que las normas que rigen las decisiones del Presidente y del Secretario según la sección 232 son constitucionalmente correctas. Los mismos temas están en cuestión aquí”
El tribunal citó el fallo de Algonquin al argumentar que la Sección 232 «establece condiciones claras para la acción presidencial» y añade que «el margen de maniobra que el estatuto le da al Presidente al decidir qué medidas tomar en caso de que se cumplan condiciones previas está lejos de ser ilimitado».
«En resumen, no ha habido cambios en la revisión judicial sobre la acción presidencial de conformidad con la sección 232 «, agrega el fallo.
El caso probablemente será apelado ante la Corte Suprema, que desestimó un intento del Instituto Americano para el Acero Internacional en junio pasado de presentar argumentos antes de ser considerado por la Corte de Apelaciones. El Instituto, en una petición de abril de 2019, dijo que mientras la Corte Suprema normalmente esperaba la sentencia de la Corte de Apelaciones antes de otorgar la revisión, su impugnación «no era un caso ordinario». Dijo que el interés público sería «mejor atendido» por la pronta revisión de la Corte Suprema.
Fuente: Inside Trade
