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Esta semana, entre los nuevos detalles que entregó sobre el proyecto de reforma tributaria que en pocos días será radicado para su estudio en el Congreso, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sumó nuevos argumentos para defenderla, en medio de las controversias que se han generado en torno a su contenido.
El primero es que el país acumulará este año necesidades de financiamiento por 110 billones de pesos, que incluyen el pago de la deuda pública, crecida por cuenta de la atención de la pandemia: “Nuestra caja es del orden de los 30 billones de pesos, cuando nuestras necesidades son de 20 billones de pesos al mes”, señaló el ministro, que explicó la situación con una frase: “La caja nos alcanza para unas seis o siete semanas”.
Para el Gobierno es fundamental esta reforma, con la que busca un recaudo mínimo de 25 billones de pesos para cubrir deudas y garantizar que subsidios para cerca de 20 millones de colombianos en pobreza y vulnerabilidad sigan llegando a través de programas como Ingreso Solidario.
La ampliación de la base del IVA
Del total del recaudo que el Gobierno busca con la reforma tributaria, 10,5 billones de pesos vendrían con el aumento de la base gravable del IVA. De acuerdo con el ministro Alberto Carrasquilla, el país hoy recauda el 39 por ciento de su potencial frente a este impuesto; con la reforma este subiría al 46 por ciento.
El proyecto contempla gravar productos suntuarios, que hoy no pagan el impuesto; aumentar en otros la tarifa del 5 al 19 por ciento, con excepción de los básicos de la canasta familiar, y eliminar la categoría de exentos, es decir, aquellos gravados con un 0 por ciento de IVA, pero cuyos productores reciben la devolución del impuesto que pagan en insumos en la cadena de producción. Estos exentos pasarían a la categoría de excluidos (no pagarían IVA, pero tampoco obtendrían la devolución del impuesto). Esta posibilidad generó reacciones entre los productores.
Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, aseguró que si el Gobierno elimina la categoría de exentos y pasa todos estos productos a la de excluidos, debe también garantizar que los insumos no queden gravados con IVA, porque eso incrementaría los costos de la producción, que se trasladarían a los consumidores.
Esta semana, durante un foro organizado por Anif, Carrasquilla insistió en que el proyecto no gravará alimentos adicionales a los que ya pagan el impuesto ni a sus cadenas de producción, y que para reducir el impacto económico en las familias más pobres, ampliará el programa de compensación del IVA a cerca de 5 millones de hogares; también aclaró que sí se eliminará la categoría de exentos, excepto para los productos exportados.
Tras la polémica generada en torno a la posibilidad de que algunos productos, como el café y el azúcar, acabaran gravados con un IVA del 19 por ciento, el propio presidente Iván Duque reiteró que los productos básicos de la canasta familiar no tendrán IVA, y que el chocolate, el café, el azúcar y la sal se mantendrán como están (con IVA del 5 por ciento).
La Renta a personas
Por esta vía, el Gobierno busca obtener 16,8 billones de pesos. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, solo el 4 por ciento de las personas contribuyen hoy con este impuesto, y el objetivo es llegar al 12 por ciento; la iniciativa propone que se empiece a declarar renta a partir de los 2,5 millones de pesos en ingresos al mes.
Los montos superiores a esa cifra pagarán el impuesto y su valor aumentará progresivamente con el ingreso. Analistas han criticado el hecho de que la reforma recaiga, y esta vez con mucha fuerza, sobre la gente que vive de su salario.
El Gobierno ha defendido este punto aduciendo que mientras en América Latina el 2,3 por ciento de los ingresos promedio de sus países se derivan de este gravamen a personas, y en los países de la Ocde ese porcentaje es del 8,3, en Colombia apenas se llega al 1,2 por ciento.
Pensiones
Como ya lo había sugerido la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, el proyecto buscará aplicar un impuesto a las pensiones. La propuesta del Gobierno es empezar a gravar las más altas, es decir, aquellas superiores a los 7 millones de pesos al mes.
Datos de Colpensiones y los fondos privados indican que unos 20.000 colombianos serían objeto de este tributo; aun así, el asunto genera controversia entre quienes consideran que los pensionados son dueños de estos dineros, que ahorraron durante toda su vida productiva.
Tanto la Comisión como el Gobierno insisten en que, contrario a lo que ocurre en otros países, las deducciones en este campo son muy generosas. Advierten que en Colombia las pensiones tienen doble subsidio: la gente no paga impuestos cuando hace ahorros pensionales y tampoco sobre las mesadas.
Patrimonio
En un principio, el Gobierno anunció que el impuesto del 1 por ciento que debían pagar, de manera extraordinaria, los patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos en el país, durante los años 2019, 2020 y 2021, no solo sería permanente a partir de la reforma, sino que su tasa subiría al 3 por ciento.
El objetivo era recaudar por esta vía 1 billón de pesos. Mientras que Anif ha sugerido que se baje el umbral sobre el que empezaría a pagarse, para ampliar la base de aportantes y que se genere una escala de tarifas marginales que eleven el aporte de manera progresiva, otros analistas han advertido que este impuesto puede espantar la inversión extranjera y socavar recursos de inversionistas y ahorradores.
Esta semana, el ministro Carrasquilla dijo que este impuesto será temporal (por dos años) y deducible del impuesto de renta.
Una agenda social que pesa $ 10 billones
El hecho de que el Gobierno haya denominado Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible a la reforma fiscal le ha granjeado críticas desde distintas orillas, aunque es claro que esta contiene una agenda social que busca extender programas como Ingreso Solidario, compensación del IVA, Paef (subsidio a las nóminas), gratuidad educativa universitaria, Empleo Juvenil y alivios a mipymes.
El Gobierno ha dicho que 10 billones de pesos del recaudo que se logre vía reforma irán a financiar estas iniciativas, creadas para mitigar los efectos de la pandemia en los hogares más vulnerables. Ingreso Solidario llega hoy a 3,4 millones de familias en pobreza y vulnerabilidad y el objetivo es abarcar 5 millones (20 millones de personas), con subsidios mensuales, según el número de integrantes de cada hogar.
La devolución del IVA, que hoy reciben dos millones de hogares, se ampliaría a 4,7 millones. Se consolidaría el Fondo de Solidaridad Educativa, que garantizó la matrícula cero al 70 por ciento de los estudiantes de universidades públicas en la pandemia. El Paef, que benefició a más de 139.000 empresas y protegió 3,64 millones de empleos, iría hasta junio de este año. Para apoyar el empleo juvenil, el Estado asumiría el pago de su seguridad social hasta por 5 años. Y se reduciría el impuesto de renta para mipymes.
Sobre los resultados de estas iniciativas combinadas habló esta semana Jessica Faieta, representante residente del Pnud en Colombia; además de reconocer el compromiso del Gobierno frente a la mitigación de los efectos de la pandemia en poblaciones vulnerables, señaló que “los programas sociales, que han sido acciones efectivas y oportunas, han evitado que al menos dos millones de personas hayan caído en la pobreza, y otros cuatro millones, en pobreza extrema”.
Fuente: El Tiempo
