La decisión tomada en enero por el Presidente Donald Trump de extender la lista de productos cubiertos por los aranceles del acero y el aluminio por razones de “seguridad nacional” no fueron bien recibidos por una parte del sector empresarial que está cansada de las guerras comerciales. Sin embargo, la medida se torna relevante por ser la primera que se toma explícitamente para ayudar a la industria que ha sufrido las consecuencias de los aranceles impuestos anteriormente.
Hace cerca de dos años, Paul Czachor – CEO de la American Keg Compañy – advirtió sobre el daño que sufrirían las empresas con las medidas iniciales y que resultaría en la imposición de más medidas de protección. Czachor depende en gran parte del acero que el aumento del costo de este material significó una pérdida de competitividad frente a la producción de barriles de México, Alemania y, evidentemente, China. En ese momento, Czachor predijo que “los productos terminados con alto contenido de acero van a necesitar ciertas ayudas. Ciertos aranceles”.
El 24 de enero de 2020, Trump anunció algunas de esos aranceles para ciertos productos con alto contenido de acero como los clavos de acero y los parachoques de los carros. Si bien estas listas no incluían los barriles de acero, el Presidente reconoció implícitamente la preocupación de Czachor al agregar nuevos productos afectados por aranceles al evidenciar el aumento de las importaciones de esos productos. Pero el mencionado aumento de las importaciones se debió, en parte, a que los compradores de los productos terminados cambiaron los proveedores locales por extranjeros para evitar los costos adicionales causados por las medidas arancelarias a la materia prima.
Los economistas denominan “protección en cascada” a esta segunda ronda de aranceles para productos que ya habían sido afectados por las primeras medidas tomadas por el gobierno. Esta escalada en las barreras es altamente preocupante por dos razones.
En primer lugar, así como los barriles de Czachor, una docena de productos terminados con alto contenido de acero no están cubiertos por las nuevas medidas – comercialmente, representan diez veces más que los productos incluidos – y se han visto afectados por la “protección en cascada” desde que entraron en vigencia los primeros aranceles, en marzo de 2018. Los barriles de acero han obtenido protección por medio de unos derechos antidumping que han pasado desapercibidos pues este tipo de medidas no han sido relevantes durante la administración Trump. Sin embargo, la evidencia del aumento de la “protección en cascada” resulta preocupante por el impulso que lleva y, por lo tanto, por la dificultad de detenerlo.
En segundo lugar, las tarifas arancelarias impuestas el pasado 24 de enero, son legalmente cuestionables y fueron una sorpresa política aún mayor que sus actos anteriores. A pesar de celebrar acuerdos comerciales con México, Canadá, Japón y China, los días de medidas arancelarias parecen estar lejos de acabar.
Trump extendió el alcance de los aranceles al acero (25%) y al aluminio (10%) a cuatro productos “derivados” de estos dos metales. En esta ocasión, se enfocó en los parachoques (US$ 231 millones) y los clavos de acero (US$ 231 millones) pero también cubre las importaciones de cables de aluminio (US$ 15 millones) y ciertas autopartes (US$ 2 millones).
Las nuevas medidas arancelarias de Donald Trump afectan principalmente a Taiwán, Japón, la U.E y China, fuertes aliados comerciales de Estados Unidos. Australia, Canadá y México siguen estando exentos, condición que, económicamente es importante pues, por ejemplo, EE.UU importó en 2017 más parachoques de países exentos de las medidas de seguridad nacional que de países que sí fueron afectados.
De acuerdo con los anexos entregados por el Gobierno estadounidense, Argentina (derivados del acero y del aluminio), Brasil (derivados del acero) y Corea del Sur (derivados del acero) cuentan con cuotas o límites de volumen, pero no les aplican las tarifas arancelarias.
En términos comerciales, las nuevas medidas (aranceles y cuotas) sobre los derivados del acero y el aluminio cubren US$ 479 millones equivalentes al 0.02% de las importaciones totales de EE.UU en 2017 y son insignificantes frente a las importaciones desde China por US$ 360 mil millones que están sujetas a barreras arancelarias.
El nuevo método del gobierno para ampliar las medidas sobre el acero y el aluminio, fomenta la aparición de una serie de preocupaciones.
La primera es la posibilidad de corrupción. ¿Cómo hizo la administración para elegir estos productos en particular? No hacían parte de las investigaciones iniciales de la Sección 232 y no es fácil justificar que las importaciones de clavos o parachoques representen un riesgo real a la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Fueron las compañías estadounidenses las que solicitaron estas medidas? ¿Hubo solicitudes que fueron denegadas?
En octubre de 2019, la Oficina del Inspector General encontraron que “ciertas comunicaciones de funcionarios del Departamento [de Comercio de Estados Unidos] influencian de manera inapropiada en el proceso de revisión de solicitudes de exclusión”, aumentando las preguntas en torno al procedimiento para definir los afectados por las medidas arancelarias.
La segunda preocupación se encuentra en torno a los costos de estas políticas. Las compañías norteamericanas de construcción dependientes los clavos en acero y los fabricantes de automóviles que importan parachoques de acero, fueron golpeados por un repentino e inevitable costo adicional. En dos semanas tuvieron que idear la manera de absorber el costo adicional de 25% en las compras internacionales hechas meses atrás y que ya están en tránsito.
Este enfoque de la política comercial de Donald Trump ha reforzado la incertidumbre de los productores norteamericanos. Las empresas han reducido sus inversiones pues no pueden asegurar que los insumos de los cuales dependen estén disponibles en el corto plazo. Tampoco tienen certeza si podrán seguir siendo competitivos en los mercados internacionales debido a las arbitrarias decisiones del Presidente.
Finalmente, la tercera preocupación es de carácter internacional. Debido a las decisiones de la administración, sus acuerdos internacionales pueden verse amenazados. En la reciente declaración conjunta entre los gobiernos de Japón y Estados Unidos, anunciaron que “ambas naciones se abstendrán de tomar medidas que vayan en contra del espíritu de estos acuerdos y de esta declaración conjunta”, refiriéndose al acuerdo comercial que firmaron en 2019.
Si bien las nuevas medidas arancelarias de la administración Trump evidentemente van en contra del espíritu del acuerdo, el Primer Ministro japonés decidió que no valía la pena poner en riesgo el acuerdo por unas barreras que atañen únicamente US$ 61 millones de las exportaciones japonesas hacia Estado Unidos. El panorama podría cambiar si se afectan US$ 1.000 millones o US$ 10.000 millones.
En contra de la voluntad del sector empresarial, Donald Trump impuso aranceles que golpearon a los insumos y aumentaron los costos de producción. Cuando las empresas se vieron forzadas a solicitar la exclusión de ciertos insumos de las medidas arancelarias, el Departamento de Comercio aprobó menos de la mitad. Así con cada escalada de aranceles el gobierno obligó a las empresas a volverse proteccionistas.
Para muchos estadounidenses, los altos costos generados por las barreras arancelarias implica que no van a poder seguir siendo competitivos frente a las compañías extranjeras ni en el mercado de EE.UU ni en el mercado global. Aparte de trasladar sus plantas de producción al exterior, es poco lo que pueden hacer las empresas norteamericanas para mantener la competitividad. La única opción que queda es volcarse del lado de Trump y solicitar que el gobierno los proteja de las importaciones, aumentando los costos para los competidores internacionales.
Fuente: PIIE
