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Para sorpresa de muchos, el pasado 24 de diciembre Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) firmaron el contrato para adelantar el primer Proyecto Piloto de Investigación Integral (PPII) de fracking. Si bien la ANH había anunciado (25 de noviembre) la selección de Ecopetrol para ejecutar el PPII, que el contrato hubiese sido firmado el día de Navidad generó reacciones negativas en las redes sociales. No se percibe como un buen inicio para un proceso que debe ser abierto y transparente.
El contrato mezcla la investigación con el dimensionamiento del yacimiento cuando define actividades de investigación y operacionales. Esto último, en la práctica petrolera, es parte de la inversión que las empresas realizan en la etapa de exploración, aun cuando conocer la dimensión del yacimiento puede ser parte de la investigación. A pesar de que, en aras de la objetividad, lo mejor sería que los PPII fuesen financiados por el Estado, dirigidos por Colciencias y supervisados por la academia, este será ejecutado por una empresa de propiedad mixta que pretende su aprovechamiento económico. Sin embargo, no hay compromiso de avanzar a la explotación comercial pues, según el contrato, el PPII es un proceso experimental, científico y técnico, de carácter temporal, que busca: (i) recopilar información social, ambiental, técnica, operacional y dimensionar el yacimiento; (ii) generar conocimiento para el fortalecimiento institucional; promover la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información, y (iii) evaluar los efectos de la referida técnica.
El Foro Nacional Ambiental, en carta dirigida a los ministros de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible (diciembre, 2020), propuso que se creara un canal de comunicación formal para tener informada a la ciudadanía sobre el abordaje y los avances en las ocho condiciones propuestas por la Comisión Independiente como requisitos previos a la ejecución de los PPII y ofreció un espacio para facilitar el proceso. El Foro también propuso la participación de pares académicos en el proceso de evaluación. La carta cierra diciendo: “Entre más información, más transparencia; entre más transparencia, más legitimidad en la decisión final y mayores posibilidades para generar un acuerdo nacional que respalde una decisión ilustrada y conveniente para el país”. Esperamos que el mecanismo de comunicación y transparencia se ponga en marcha en un futuro inmediato.
De otra parte, las condiciones internacionales cambiaron. La elección de Joe Biden en Estados Unidos, el Pacto Verde en la Unión Europea y los avances de China en fuentes alternativas de energía fortalecen el Acuerdo de París, presionan para una disminución en el uso de combustibles fósiles y podrían mantener bajos los precios del petróleo. En efecto, Oilprice.com, en su publicación “América del Sur luchará con activos petroleros varados” (Smith, M., 2020), pronostica que precios Brent por debajo de US$50/barril dejarán inactivos pozos de fracking en Estados Unidos y Argentina e incluso pozos convencionales en varios países de América, incluida Colombia. Según el artículo, el pico mundial de la demanda de petróleo será antes del 2030 y a partir de ahí se dará una caída constante en su precio. Esto cuestiona la viabilidad del fracking a escala mundial y la pertinencia de los PPII en Colombia. A su complejidad ambiental y social se suma una señal económica, según la cual el petróleo extraído mediante fracking no es competitivo y globalmente se quedarán enterradas reservas probadas.
Fuente: El Espectador
