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Este jueves se aprobó el Conpes que incluye las estrategias para la recuperación de la economía en Colombia. Incluye recursos por $135 billones y pretende crear, cuando menos, dos millones de empleos y sumar dos puntos al crecimiento del PIB para 2021.
Este jueves quedó definida la hoja de ruta de política pública para reactivar la economía de aquí a cinco años, luego de que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobara el plan presentado por el Gobierno del presidente, Iván Duque, para reparar los estragos causados por el COVID-19 en las cuentas nacionales.
Con este plan, cuyo costo equivale al 12,5% del Producto Interno Bruto ($135 billones), el Gobierno busca generar dos millones de empleos, afianzar el apoyo a los hogares y las empresas, rescatar el crecimiento de la economía de manera sostenible e incluyente y garantizar la vacunación de 35 millones de colombianos.
“El documento que acaba de ser aprobado da lineamientos claros para los próximos seis años, se trata de un plan que empezó a ejecutarse desde el año pasado, en octubre de 2020, cuando arrancamos a solicitar vigencias futuras y sacar obras a licitación”, dijo Luis Alberto Rodríguez, director del DNP.
En detalle, el plan de reactivación económica que propone el Gobierno incluye acciones que ya se han anunciado o implementado, así como la aceleración de otros mecanismos, como el Sisbén IV, por ejemplo.
El Conpes, que se empezó a construir en julio del año pasado. se centra en cuatro campos macro: la creación y reactivación del empleo, el crecimiento limpio y sostenible, atender a la población más vulnerable e impulsar el campo (en material social y económica).
Sobre estos ejes, el documento describe proyectos específicos en algunos casos y, más en general, propone líneas de acción y estrategias para llevar a cabo cinco grandes acciones: mitigación del incremento de la pobreza y vulnerabilidad económica, mitigación de la desacumulación de capital humano, reactivación del aparato productivo hacia un crecimiento mayor y más sostenible, capacidades institucionales y confianza ciudadana y transformación digital
En términos generales, toda la estrategia contempla inversiones por más de $135 billones. Su horizonte de aplicación va desde el año pasado (con acciones que ya han sido implementadas, como el programa Ingreso Solidario, por ejemplo) hasta 2026.
Por ejes, la distribución de las inversiones, las expectativas de generación de empleos y los proyectos priorizados van así:
–Reactivación del empleo: $95,2 billones, dos millones de puestos de trabajo y 291 proyectos.
–Crecimiento limpio y sostenible: $19 billones, 114.300 empleos y 32 proyectos.
–Población vulnerable: $16 billones, 280.000 empleos y 143 proyectos.
–Impulsar el campo: $4 billones, 99.600 empleos y 81 proyectos.
La financiación del plan se hará con inversiones públicas, privadas, mixtas, gasto del Gobierno y transferencias nacionales.
Estas inversiones serán claves para alcanzar este año un crecimiento del 5%, como lo proyecta el Marco Fiscal de mediano plazo, pues las proyecciones indican que el efecto más sobresaliente del plan estratégico ocurrirá este año, al impulsar el PIB casi en dos puntos, un avance importante considerando que el año pasado el indicador registró una contracción del 6,8%.
El coronavirus produjo dos fuertes choques en la economía colombiana. En primer lugar, afectó la salud física de los trabajadores, con lo cual se redujeron los salarios pagados y el consumo privado, golpeando las cuentas de los hogares. En segundo lugar, las medidas de contención que tomó el Gobierno para disminuir la velocidad con la que el virus se expandía, como las cuarentenas y restricciones a las actividades económicas, golpearon de manera importante el sistema económico porque redujeron otra vez los ingresos de los hogares y, en consecuencia, su gasto.
El Gobierno también sufrió un doble choque: de un lado, sus ingresos por impuestos disminuyeron debido a la contracción de la actividad económica, y de otro, sus egresos se aumentaron debido a las políticas de choque para contrarrestar el avance de las crisis de salud pública y económica.
Ante esta situación, el Conpes recomienda “activar todos los mecanismos necesarios para fortalecer el apoyo a los hogares y las empresas de tal manera que, en el corto plazo, el país pueda retomar la senda de crecimiento que estaba recorriendo cuando fue golpeado por la COVID-19; y que, en el largo plazo, transite hacia un crecimiento más sostenible e incluyente”.
El eje de empleo es uno de los más ambiciosos en la estrategia y contempla que la inversión se hará casi que por mitades entre el sector privado y el gobierno central para volver progresivamente a tasas de desempleo de un dígito (la inactividad alcanzó a superar el 20 % en abril y mayo de 2020), incluso menores a las que se tenían antes de la pandemia; de hecho, ya ha venido descendiendo hasta el 13 %. En este renglón se da una prioridad altísima a los proyectos de infraestructura, como la construcción de vías (desde nacionales a terciarias) y modernización de aeropuertos, por ejemplo. Por sectores, el que más participación tiene en este punto de la estrategia es, sin sorpresas, el de transporte (43 %), seguido de vivienda (22,1 %), minas y energía (19,9 %) y cultura (7,6 %).
En el documento, el Gobierno explica su enfoque en el transporte como motor del empleo bajo el argumento del valor que generan estos proyectos. Citando un estudio de la consultora McKinsey, se asegura que “por cada centavo de dólar invertido en el sector de la infraestructura, el PIB aumenta en 20 centavos”.
Vale la pena aclarar que el sector transporte concentra 42,4 % del presupuesto establecido en la estrategia, con unos $57 billones.
Entre otras, se trata de iniciativas como 22 tramos viales en 18 departamentos, que supone la intervención de 1.260 kilómetros de carreteras, con una inversión de $9,2 billones a ejecutarse entre este año y 2030. El Invías (que está a cargo de estas iniciativas) asegura que se crearán unos 66.000 empleos. Esta inversión se suma a otro programa que recibe un espaldarazo en el Conpes, con 28 obras viales, en 23 departamentos, que cuenta con recursos por $2,2 billones.
Así mismo, la estrategia contempla ajustes a los lineamientos de las llamadas APP (asociaciones público-privadas), un modelo bajo el cual se construyen las obras 4G y las futuras 5G en el país. Entre los pasos propuestos por el documento se cuenta el incremento en el límite anual de autorizaciones para el compromiso de vigencias futuras, la diversificación y viabilización de fuentes de pago y la estandarización de los marcos para estructurar proyectos multisectoriales.
Como ya se dijo, el documento incluye estrategias que ya están en marcha y que contribuyen a la reactivación. Para la creación de empleo se mencionan los subsidios para la compra de vivienda nueva en los segmentos VIS y no VIS (100.000 cupos para cada segmento), que fueron anunciados por el Ministerio de Vivienda en mayo del año pasado y están operando en su totalidad desde el segundo semestre de 2020. En términos generales, la estrategia destina 7,2 % del plan de inversiones para la construcción de vivienda.
Sin embargo, en las acciones nuevas para impulsar el acceso a vivienda adecuada (una meta que también incluye generación de empleo), el Conpes habla de la implementación de “subsidios de mejoramiento para vivienda urbana entre 2021-2022. Durante el mismo periodo, se realizará la asignación de subsidios de mejoramiento para vivienda de interés social rural”. Así se lee en el último borrador del documento que se conoció públicamente, pues la versión finalizada estará disponible a partir de la próxima semana, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Esta acción se encuentra asociada a la meta de mitigación del incremento en la pobreza y vulnerabilidad económica y a la cual también está asociada la creación de una suerte de seguro de desempleo, que es descrito de esta forma por el documento: “Se propone habilitar a las aseguradoras para que emitan pólizas en las que se pueda amparar el lucro cesante y habilitar el seguro paramétrico para todos los sectores de la economía. El lucro cesante hace referencia al ingreso que dejan de percibir las personas ante una catástrofe o calamidad; de esta forma las personas podrían asegurarse no sólo frente al valor de lo que se pierde concretamente (daño emergente), sino que contempla la pérdida potencial de ingresos de las personas ante un choque”.
La argumentación detrás de esta idea parte de una de las lecciones de la pandemia: las personas y las empresas están sometidas a riesgos adicionales a solo el daño emergente y en parte por esto también propone un seguro paramétrico (que se basa en índices) y que “se diferencian de los tradicionales en que no se hace necesaria la verificación de los hechos catastróficos”, se lee en el texto.
En este renglón, la estrategia apunta a afinar los mecanismos que tiene el Estado para recabar información de cara a la asignación de programas de asistencia social. En pocas palabras, se trata de refinar el proceso de focalización que, en palabras del BID, es una de las necesidades estratégicas de toda Latinoamérica para evitar que la pobreza se dispare en una de las regiones más desiguales del planeta.
En este rubro, el plan del Gobierno incluye auxilios económicos para el pago de la matrícula de los jóvenes en instituciones de educación superior públicas, el fortalecimiento del programa Ingreso Solidario, con el cual se llegó a más de tres millones de hogares que no recibían ayudas del Estado en cuestión de semanas, la profundización del Sisbén IV y la integración y actualización de los datos de transferencias monetarias y el registro de la población migrante.
De acuerdo con el DNP, los programas que involucran transferencias monetarias, tendrán casi $4,5 billones (3,3 % del total de los recursos).
Fuente: El Espectador
