Texto publicado por el Banrepública generó polémica entre economistas. Los autores lo comentan aquí.
El libro, editado por los autores de este texto y cuyo título es ‘Comercio exterior en Colombia: política, instituciones, costos y resultados’, cuenta con la colaboración de investigadores de la Universidad del Rosario y el apoyo de la CAF. Ha motivado un debate sobre si Colombia tiene una economía más cerrada hoy que hace treinta años.
A lo largo de casi 400 páginas, diferentes expertos evalúan el desempeño del sector externo desde 1950. La primera parte describe la política comercial y evalúa la calidad de las instituciones que han gobernado el sector. La segunda cuantifica los costos directos de tramitar importaciones y exportaciones y la protección resultante de los aranceles y de las medidas no arancelarias (MNA) sobre las importaciones. La tercera cubre la relación entre protección y productividad industrial y cuantifica los incentivos a las exportaciones.
Durante los últimos 70 años, la política comercial y las instituciones que gobiernan el sector externo cambiaron con frecuencia. Varias veces se buscó liberalizar el comercio, la mayoría de ellas por razones coyunturales. En 1991 se buscó abrir el comercio para hacer más productiva y competitiva la economía. Para ello se redujeron los aranceles en un 50 por ciento, se eliminó la lista de prohibida importación y se autorizó la libre importación de casi todo, con algunas excepciones.
El Instituto de Comercio Exterior (Incomex) desapareció, pero se introdujeron de manera creciente diversas barreras –las salvaguardias, los permisos sanitarios, las normas técnicas, los precios mínimos y los precios de referencia, entre otros– por parte de numerosas organizaciones que emiten estas restricciones en forma descoordinada y sin consideración de su efecto sobre el comercio exterior. Al mismo tiempo, el arancel promedio cayó al 10 por ciento y su dispersión aumentó.
En el pasado, la política comercial la definía y ejecutaba el Gobierno central; hoy lo hacen funcionarios y entidades públicas dispersas. El nuevo entorno institucional diluyó su coherencia y les otorgó el poder a entidades en las que la política comercial no es su función ni su preocupación. Los organismos y los funcionarios encargados de producir y aplicar las normas adquirieron un enorme poder y, con ello, la capacidad de convertirlas en protección.
También se incrementó enormemente la capacidad de ‘lobby’ de los gremios particulares. Paradójicamente, la institucionalidad en el tiempo del Incomex era mejor que la actual.
La segunda parte del libro muestra que la protección que brindan el arancel y las medidas no arancelarias equivalen a un 100 % (10 % el primero y 90 % las segundas), y que el “costo Colombia” (como el transporte y la logística), otorga una protección adicional cercana a 35 por ciento.
En otras palabras, el precio pagado por el consumidor colombiano por un producto equivale a unas 2,35 veces el precio internacional. Otra forma de decirlo es que la protección de la producción nacional (y no el “costo Colombia”) es la causa principal del enorme sobreprecio que pagamos los colombianos por los bienes que consumimos y que deben pagar los exportadores por las materias primas y los bienes de capital importados. El libro también muestra que el sobreprecio que determinan el arancel y las medidas no arancelarias es hoy mayor que en 1990-94.
En el texto se calcula la protección total del comercio con dos metodologías alternativas y resultados enteramente consistentes. La primera metodología compara los precios internacionales con los precios nacionales, y la segunda utiliza métodos econométricos, calcula elasticidades y deriva el sobreprecio equivalente de las medidas no arancelarias. Los valores consignados en el primer gráfico se derivan de la primera metodología. Para el período 1950-2016 se comparan los precios nacionales del sector manufacturero con los de las exportaciones de los principales países exportadores del mundo.
En 2016, la protección comercial para el sector manufacturero fue de 98 por ciento, y para los últimos 10 años supera la de comienzos de los noventa. El segundo gráfico muestra la protección comercial total, calculada con técnicas econométricas. Esta se elevó desde 66 % en 1990 (38 % por MNA y 28 % por aranceles) a 127 % en 2012 (118 % por MNA y 9 % por aranceles). Y aún falta el sobreprecio que conlleva el “costo Colombia”.
La tercera parte del libro examina la evolución de la productividad industrial y de los incentivos para exportar. Encuentra que la productividad en el sector manufacturero no ha crecido y que los ramos más productivos son los menos protegidos y con mayores niveles de competencia. Con la perspectiva de 70 años, se concluye que la protección de las importaciones constituye una enorme barrera a exportar.
Por la misma razón, los subsidios requeridos para compensar dichas barreras tendrían un costo fiscal exorbitante. Reducir la protección es la forma de promover exportaciones y mantener la estabilidad macroeconómica. China, India, Indonesia, Tailandia, Turquía, y Polonia adoptaron durante las últimas décadas esa estrategia, con lo cual lograron incrementar sustancialmente su nivel de vida y sus exportaciones.
La estrategia colombiana de proteger a productores nacionales para prepararse a competir en los mercados mundiales fracasó. Si el país continúa con ella, no habría perspectiva de volverse el Japón de Suramérica, como anhelaban algunos de sus dirigentes hace 50 años.
Fuente: El Tiempo
